Por Redacción

Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación penal tras confirmarse un derrame de petróleo que afecta aproximadamente 630 kilómetros de litoral en el Golfo de México. La mandataria precisó que, aunque el origen principal del vertido fue un barco de una empresa privada y no de Petróleos Mexicanos (Pemex), la existencia de daños ambientales configura un delito que requiere intervención de la justicia federal.

En su declaración oficial, la jefe del Ejecutivo federal indicó que ya hay delito penal en el caso y solicitó la intervención de la fiscalía para determinar responsabilidades. Asimismo, instruyó al director de Pemex, Víctor Rodríguez, para que se trasladara personalmente a la zona afectada con el fin de evaluar la situación y verificar si se requieren más recursos para intensificar las labores de limpieza del océano y las playas.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la petrolera estatal está prestando apoyo para la remediación ambiental, aclarando que “no es derrame de Pemex”, sino que el incidente principal se atribuye a un barco de otra compañía. Sin embargo, la presidenta mencionó que podría haber existido un incidente menor vinculado a la refinería Dos Bocas, sin ofrecer detalles sobre la naturaleza exacta o la relación de este evento secundario con el derrame mayor.

El desastre ecológico impacta las costas de los estados de Veracruz y Tabasco, extendiéndose desde la laguna de Tamiahua hasta Paraíso, lo que cubre casi la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. En las labores de investigación y respuesta ambiental participan también la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aunque no se han detallado sus roles específicos más allá de su participación en el proceso.

Hasta el momento, la investigación no ha identificado públicamente el nombre de la empresa propietaria del barco responsable, ni el volumen exacto de hidrocarburos derramados. Tampoco se ha especificado el tipo concreto de delito penal que se investiga ni el estado actual del procedimiento legal iniciado por la FGR. Las autoridades continúan con las evaluaciones para determinar la magnitud total del daño y las acciones necesarias para la recuperación de la zona afectada.

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