Johannesburgo, 27 de marzo de 2026.- Los periodistas mexicanos Julio Ibáñez y Danny García, integrantes del equipo de cobertura deportiva de la cadena TUDN/Televisa, se encuentran sujetos a un régimen de arresto domiciliario por un periodo estimado de cinco a seis semanas en Sudáfrica. La medida judicial sigue a cinco días de encarcelamiento que ambos comunicadores cumplieron desde aproximadamente la semana del 19 de marzo de 2026 en la ciudad de Johannesburgo.
El incidente ocurrió mientras el equipo realizaba reportajes sobre el primer rival de la selección mexicana de fútbol de cara al Mundial que se inaugurará en territorio mexicano el próximo 11 de junio. Según lo reportado por medios como El País México, la situación se hizo pública tras una interrupción violenta durante una transmisión en vivo a través de la plataforma TikTok, momento en el cual hombres armados irrumpieron para detener a los comunicadores.
Existen contradicciones respecto a los motivos oficiales del operativo. Inicialmente, los sujetos que realizaron la detención argumentaron una presunta situación migratoria irregular de los mexicanos. Sin embargo, versiones posteriores indican que las autoridades habrían corregido esta narrativa, señalando como causa principal el vuelo de un dron en una zona restringida, aunque no se ha emitido un comunicado oficial que confirme definitivamente esta hipótesis.
Hasta el momento, no existe una confirmación formal por parte del gobierno sudafricano o las autoridades judiciales locales sobre los detalles del procedimiento legal ni la fecha exacta de los cargos. Asimismo, fuentes periodísticas mencionan que la empresa Televisa está realizando gestiones para apoyar a sus empleados, pero ni la cadena ni el gobierno mexicano han emitido un posicionamiento público oficial sobre el caso.
Julio Ibáñez, conocido en el ámbito deportivo como ‘el Profe’ y reconocido por su trayectoria en la cobertura del Club América y la selección nacional, junto con el camarógrafo Danny García, enfrentan ahora la restricción de movimiento impuesta por la justicia local. La falta de claridad en las versiones oficiales mantiene la incertidumbre sobre el desenlace inmediato del proceso administrativo y penal que se sigue en contra de los periodistas mexicanos.
