Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó este lunes los primeros resultados derivados de la implementación de la nueva Ley General de Aguas, aprobada por el Senado en diciembre de 2025. Durante el evento realizado en la capital del país, las autoridades federales destacaron un incremento significativo en la recaudación fiscal y la detección de irregularidades en concesiones de agua en diversos estados, enfatizando que el objetivo central de la reforma es eliminar los privilegios de comercializadores privados para garantizar que todos sean iguales ante la ley.
Efraín Morales López, director general de Conagua, informó que en 2025 la recaudación aumentó en 3,500 millones de pesos, mientras que para 2026 se proyecta un ingreso adicional de 6,300 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 21 por ciento respecto al año anterior. Este incremento se deriva de la fiscalización de títulos de concesión que anteriormente operaban sin el pago correspondiente o bajo esquemas de sobreexplotación. Las auditorías realizadas permitieron identificar 18 títulos con un volumen de 2.8 millones de metros cúbicos sin pago registrado, así como 10 concesiones detectadas con sobreexplotación y 42 que carecían de medidores para cuantificar el consumo real.
En su intervención, la mandataria federal subrayó que la nueva legislación tiene como propósito acabar con las ventajas otorgadas a particulares que comercializan el recurso, buscando equidad en el acceso y uso del agua. Como parte de los casos específicos revelados, Morales López señaló que en Querétaro, la familia Calzada concentra 628,000 metros cúbicos distribuidos en cinco títulos. Según el funcionario, estos pozos, registrados originalmente para uso agrícola, se destinan actualmente a la comercialización de agua en pipas, al abastecimiento de desarrollos inmobiliarios y a un club de polo, situaciones que la nueva ley busca corregir.
Las irregularidades también fueron documentadas en otros estados. En Zacatecas, se detectó que siete títulos originales fueron transformados en 50 concesiones distintas, generando ganancias estimadas en hasta 54 millones de pesos. Por otro lado, en Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila ha coordinado esfuerzos con el gobierno federal, se reportó que los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada habían pagado 531 millones de pesos en los últimos cinco años a un distrito de riego. Ante esta situación, Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, anunció que la entrega directa de títulos de concesión a estos municipios asegurará el abastecimiento de agua para los próximos 30 años.
La aplicación de la nueva norma incluye disposiciones estrictas como la eliminación de transmisiones de concesiones entre particulares, la limitación de cuotas de garantía y sanciones contra el acaparamiento y el mercado negro del agua. La estrategia gubernamental prioriza la devolución de concesiones a usuarios directos, incluyendo municipios y pequeños productores, para evitar la intermediación lucrativa. Las cifras presentadas este 23 de marzo marcan el inicio formal del ciclo de revisión intensiva que dará seguimiento a los 10 registros de impago adicionales y a las concesiones identificadas sin medición adecuada en todo el territorio nacional.
