Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral denominado ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con 87 votos a favor de las bancadas de Morena, PVEM y PT, y 41 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La votación se realizó con 128 senadores presentes en la sesión del 25 de marzo.
Entre las medidas contenidas en el proyecto aprobado destacan el tope de 15 regidurías por Ayuntamiento, la limitación del presupuesto de legislaturas locales al 0.70% del presupuesto estatal, la eliminación de seguros médicos privados y pensiones privadas para consejeros y magistrados electorales, así como un recorte progresivo del 15% al presupuesto del Senado.
La discusión legislativa reveló perspectivas opuestas sobre el objetivo de la reforma. Mientras el oficialismo la presenta como un fortalecimiento democrático y eliminación de privilegios, sectores de la oposición y del Partido del Trabajo la califican de retroceso democrático que busca desaparecer la competencia política.
Oscar Cantón Zetina presentó el proyecto durante la sesión del Senado, donde se expusieron los argumentos del oficialismo sobre el ahorro en recursos públicos. Sin embargo, análisis preliminares del Instituto Nacional Electoral sugieren que la eliminación de bonos por trabajo extra durante año electoral podría generar más gasto al requerir otros mecanismos de respeto a derechos laborales.
Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, hizo referencia pública a supuestas presiones y ofertas durante el proceso legislativo, aunque no proporcionó detalles concretos sobre estas afirmaciones. Por su parte, Alberto Anaya del Partido del Trabajo mantuvo una postura crítica frente a diversos aspectos de la iniciativa.
Con esta aprobación parcial, el proyecto será enviado ahora para su revisión en lo particular artículo por artículo. La reforma impactará directamente en la organización de los procesos electorales federales y locales, incluyendo las elecciones de 2027, en un contexto de divergencias sobre el impacto financiero real en el INE y el costo total estimado de los comicios.
