Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali. La decisión judicial se tomó tras una audiencia que inició el 23 de marzo y se extendió hasta la madrugada del 24 de marzo, donde se determinó que existen elementos para investigar al exmandatario por el delito de uso ilícito de facultades.
El magistrado Gerardo Anguiano Ceja, titular del juzgado que llevó el caso, estableció un plazo de seis meses para la investigación formal. La acusación central gira en torno a un acuerdo plurianual por 4,500 millones de pesos, con una vigencia de 30 años, que contemplaba pagos mensuales de aproximadamente 123 millones de pesos. Según los datos del proceso, se realizó un pago inicial de 123 millones de pesos entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo en el que Bonilla ya había concluido su administración en octubre de 2021, aunque el contrato fue firmado durante su gestión.
Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, ya que el proyecto se trató de un contrato para la adquisición de un servicio y no de un crédito fiscal. Asimismo, los defensores sostuvieron que los pagos efectuados ocurrieron después de que el exgobernador dejó el cargo, buscando con ello desvincularlo de la acusación de abuso de autoridad durante su mandato. Sin embargo, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía General del Estado para avanzar con el proceso penal.
El contrato en cuestión tenía como objetivo dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana mediante la instalación de una planta de generación solar. No obstante, la infraestructura nunca fue construida, lo que derivó en las investigaciones por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del recurso público. El caso ha adquirido relevancia política dado que Bonilla, actual dirigente del Partido del Trabajo (PT), se convierte en el primer exgobernador surgido de la coalición de Morena enfrentado a un proceso judicial de esta naturaleza.
La gobernadora actual de Baja California, Marina del Pilar Ávila, mantiene una postura de respaldo a las instituciones de justicia mientras el proceso avanza. La resolución judicial somete al exgobernador a las medidas cautelares que determine el juez, sin que se haya especificado en la audiencia si permanece en libertad o bajo detención. La Fiscalía continuará recabando pruebas durante el próximo semestre para determinar la responsabilidad final de Bonilla y de otros posibles involucrados en la operación de Next Energy.
