Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Parlamento Europeo aprobó este jueves un nuevo Reglamento de Retornos que endurece significativamente las políticas migratorias del bloque, estableciendo medidas coercitivas como detenciones administrativas de hasta 24 meses y la posibilidad de sanciones penales, incluyendo prisión, para los migrantes que se nieguen a colaborar activamente en los procesos de deportación.
La votación registrada en la sesión parlamentaria arrojó un resultado de 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, lo que permite la entrada en vigor de una normativa que busca agilizar las expulsiones de personas en situación irregular desde territorio comunitario. La aprobación fue reportada desde México por medios digitales que dieron seguimiento a la jornada legislativa en Europa.
Entre las disposiciones más severas del nuevo texto legal destaca la obligación impuesta a los solicitantes de asilo rechazados de cooperar activamente en su propia deportación. El incumplimiento de este mandato podrá derivar en la retirada de prestaciones sociales, la prohibición de acceder al mercado laboral y la imposición de sanciones penales que pueden conllevar penas de cárcel, según lo detallado en el contenido de la norma.
Asimismo, el reglamento faculta a las autoridades para mantener a los migrantes en centros de detención administrativa por periodos que pueden extenderse hasta dos años mientras se gestionan los trámites de retorno. Esta ampliación de plazos representa un cambio sustancial en el manejo de los flujos migratorios y ha sido identificada como uno de los puntos centrales de la nueva estrategia de control fronterizo de la Unión Europea.
La ratificación de este instrumento jurídico marca un giro hacia posturas más restrictivas en materia de asylum y movilidad humana dentro del continente europeo. Con la votación concluida, el bloque se prepara para implementar estos mecanismos operativos que priorizan la eficiencia en las expulsiones sobre los procedimientos anteriores, consolidando un marco legal que ha generado división entre los legisladores europeos reflejada en los más de 200 votos negativos registrados.