Madrid, 22 de junio de 2026.- El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró durante casi tres horas (156 minutos) ante la Audiencia Nacional este pasado miércoles 21 de junio de 2026. Tras la comparecencia, el juez instructor José Luis Calama rubricó un auto en el que indica que el investigado no ha logrado «desvirtuar los indicios racionales de criminalidad».
En su declaración, Zapatero afirmó: «Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo». Al salir del juzgado, pidió la confianza de los ciudadanos. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez y el PSOE declararon su respaldo y empatía hacia el expresidente y sus hijas, quienes fueron imputadas un día después. «Tienen el respaldo y la empatía del PSOE, confiamos en su inocencia», señaló Sánchez.
El juez Calama centró parte de sus indagaciones en una comida celebrada el 26 de enero de 2021 en el restaurante Portonovo de Madrid, donde estuvieron presentes el empresario Julio Martínez Martínez y el militante socialista Tomás Guerrero Blanco. Según el magistrado, no tiene claro si Zapatero fue el otro comensal o si conoció esa comida de alguna manera. El expresidente conoció a Martínez Martínez en 2011, año en que este compró una vivienda a la familia Zapatero-Espinosa.
La investigación vincula al expresidente con la consultora Análisis Relevante, montada por Julio Martínez Martínez en febrero de 2020, para la que Zapatero trabajó hasta finales de 2025. El juez explicitó durante la declaración: «Lo que sí está claro es que el dinero que entra en Análisis Relevante es básicamente para usted como persona física y para sus hijas». Ante esto, Zapatero describió sus labores como la elaboración de «informes generales de geoestrategia política, de economía y de las consecuencias», aclarando que podían tratarse de viajes, comidas o consultas, y no necesariamente documentos escritos.
Sin embargo, un punto débil señalado en la versión del expresidente es la imposibilidad de mostrar el rastro o huella de dichas labores de consultoría. A pesar de las sospechas sobre negocios irregulares, en el sumario no existe ninguna prueba directa de que Zapatero ejerciera presión contra un funcionario o autoridad pública para lograr el rescate de 53 millones de euros entregado desde el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra.
